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Marzo 2004. Número 1 ESPECIAL PROSPECCIONES PETROLÍFERAS ANÁLISIS: ¿Por qué plataformas
no? Argumentos que justifican la oposición a la instalación de
plataformas petrolíferas en nuestras costas. En los comienzos del siglo XXI, Lanzarote y la sociedad
lanzaroteña deben hacer frente a una cuestión que está generando una
creciente polémica desde que, a finales del año 2001, la multinacional REPSOL
recibiera los permisos para llevar a cabo prospecciones petrolíferas en las
costas de las dos islas más orientales del archipiélago canario. Desde
entonces, repito, hemos conocido la posibilidad de que, en un futuro no muy
lejano (año 2007), se instalasen a escasas millas de nuestra isla plataformas
petrolíferas. Es el objetivo de este artículo ofrecer las claves del proyecto
de REPSOL y, además, justificar las razones de aquellos que nos manifestamos
con rotundidad en contra del mismo.
Canarias le dijo NO a
REPSOL el 3 de diciembre de 2003 en su sede de Madrid Cronología de los hechos Para situar el problema y conocer su desarrollo hasta la fecha,
hay que recordar que el gobierno del estado español autorizó, en diciembre del
año 2001 unos permisos para investigar la posible y más que probable
existencia de petróleo en aguas cercanas a las costas de Lanzarote y
Fuerteventura, (debemos mencionar que a finales de los setenta y en los
primeros ochenta ya se llevaron a cabo investigaciones por parte de empresas
estatales –Hispanoil y ENIEPSA- con indicios positivos). Esta autorización,
que se efectuó mediante el Real Decreto 1462/2001 de 21 de diciembre,
publicado en el B.O.E del 23 de enero de 2002 se ha realizado, según opinión
de la anterior corporación del cabildo conejero y multitud de organizaciones
sociales, incumpliendo trámites y leyes inexcusables para una autorización de
prospecciones petrolíferas. Es por esto que, en la pasada legislatura, la
institución cabildicia presentó un recurso contencioso-administrativo contra
el Real Decreto ante el Tribunal Supremo, siendo aceptado en noviembre de
2002. El Real Decreto 1462/2001 de 21 de diciembre, que autoriza las
prospecciones por parte de REPSOL-YPF señala nueve áreas o zonas de
prospección, con una superficie de explotación de 616.000 hectáreas. Estas nueve áreas
se sitúan en la costa Este de Lanzarote y Fuerteventura, a escasos veinte
kilómetros de las mismas y, durante los seis años de permiso, se contempla la
realización de dos pozos exploratorios de prueba (entre el 2004 y el 2006).
Esta autorización concedida a REPSOL parece ser, sin lugar a dudas, el primer
paso para una futura explotación petrolífera en nuestras costas. Es absurdo
que una empresa vaya a gastarse en apenas 6 años de investigación la friolera
de 30 millones de euros si no tuviese la certeza de que los resultados van a
ser positivos para sus intereses. El recurso contencioso-administrativo formalizado por el Cabildo
de Lanzarote evidencia la ilegalidad del RD 1462/2001 de 21 de diciembre por
infracciones en su proceso de elaboración de las siguientes leyes: 1) La Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y
del Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos
de 1976. 2) La Ley de Pesca Marítima del Estado, 3/2001 de 26 de marzo. 3) La Ley de Costas 22/1988 y su Reglamento. 4) La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 5) El Convenio Internacional sobre Evaluación del Impacto
Ambiental en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de
febrero de 1991. 6) La Convención de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1982
relativa al Derecho del Mar. *La cuestión sobre la delimitación de las aguas es clave en este
asunto. La Convención de Montego Bay del año 82 sobre el Derecho del Mar
establece dos categorías jurídicas: los archipiélagos estado (o estados
archipielágicos) y los archipiélagos de estado; los primeros serían aquellos
que constituyen por sí mismos un estado y los segundos serían aquellos
archipiélagos que dependen políticamente de otro estado, como es el caso de
Canarias, que pertenece políticamente al estado español. Las aguas territoriales
de un archipiélago de estado (por ej. Canarias), son las aguas comprendidas
en doce millas medidas desde la costa de cada isla. En cambio, las aguas
territoriales de un estado archipielágico son las aguas comprendidas dentro
de las doce millas medidas a partir de la línea de base archipielágica (línea
recta que une los puntos más salientes de las islas del archipiélago). Otro
concepto a tener en cuenta es la Zona Económica Exclusiva, que se extiende a
doscientas millas de la línea de base archipielágica y que implica el derecho
soberano de explotación de recursos del mar, lecho y subsuelo marino. Pero
este concepto jurídico sólo es aplicable a los estados archipielágicos. Si
Canarias fuese uno de ellos, podría delimitar legalmente la línea media de su
Zona Económica Exclusiva con Marruecos. El problema jurídico internacional y
también diplomático radica en que España ha obviado esta legislación a la que
está obligada y ha concedido unos permisos de prospección como si Canarias
fuera un estado archipielágico y sin que haya ningún tipo de acuerdo
bilateral para delimitar las aguas con el reino de Marruecos. En resumen, la autorización concedida a REPSOL evidencia
signos de ilegalidad, fundamentalmente, por la carencia de la Evaluación de
Impacto Ambiental de las prospecciones y por la cuestión de la soberanía
de las aguas de las nueve zonas de prospección. A pesar de que se ha recurrido la legalidad del Real
Decreto que autoriza las prospecciones petrolíferas a REPSOL, lo cierto es
que las actuaciones que en el mismo se recogen han seguido su curso hasta la
fecha. Estas actuaciones están constituidas por estudios geofísicos mediante
descargas de aire comprimido contra el fondo marino, con el objetivo de
obtener una «radiografía» del subsuelo marino,(método con consecuencias
negativas sobre la fauna, ya que la presión acústica que se ejerce sobre los
mamíferos, tortugas y peces es similar a la que provocó la muerte de cetáceos
por maniobras militares en Fuerteventura hace algún tiempo). Esta fase parece
que concluyó en junio del año 2003, según se desprende de las informaciones
ofrecidas por la multinacional petrolera, que ya ha anunciado que el próximo
verano, el del presente año 2004, procederá a la apertura de los dos primeros
pozos exploratorios hasta una profundidad aproximada de 3500 metros; lo que
constituye el otro tipo de actuación que autoriza el Real Decreto: la
perforación de dos pozos exploratorios de prueba. Los planes de
Repsol Siendo rigurosos, hoy por hoy REPSOL sólo puede realizar labores
de investigación en esas nueve zonas en las que tiene permisos, aún cuando
los métodos usados sean altamente agresivos para el medio ambiente, además de
poder abrir dos pozos de prueba, con el consiguiente riesgo que se deriva de
ello. Lo verdaderamente preocupante sucederá si se cumple el guión de
la compañía petrolera y los resultados son positivos para sus intereses. En
ese caso, se iniciaría la extracción del crudo; desde el 2007 hasta el 2027,
momento en el que tendrían previsto abandonar la actividad. Debido a la
profundidad de las aguas (entre 800 y 1500 metros), parece ser que no sería
utilizado el modelo de plataforma petrolífera que estamos acostumbrados a
ver, sino unas estructuras submarinas conectadas a un barco especializado. Para entender un poco mejor la magnitud de lo que estamos
tratando bastará con indicar algunas cifras. REPSOL ya ha calculado una
producción diaria de 144.000 barriles de crudo; compárese esta cantidad con
los 6.356 barriles por día que extrae la multinacional en las costas de
Tarragona, zona de mayor extracción de todo el estado español. Es más, en
noviembre del pasado año 2002, el presidente de la compañía petrolera, en una
visita al archipiélago, paradójicamente para presentar un libro sobre la
naturaleza en las Islas Canarias, calculó un volumen de negocio de 57.000
millones de euros. Consecuencias ambientales y económicas Una industria como la que REPSOL pretende instalar en las costas
de Lanzarote y Fuerteventura, a nadie se le escapa que es un tipo de industria
muy sucia y que provoca graves ataques al medio ambiente de la zona donde
está instalada. En un informe publicado por el Cabildo de
Lanzarote en la anterior legislatura se describen las distintas
fases del proceso de obtención del petróleo y sus consecuencias: En la fase de extracción del petróleo, «los hidrocarburos llegan
a la boca del pozo mezclados con agua de mar que es necesario separar antes
de transportar a tierra el petróleo o el gas obtenidos. El agua separada es
depurada rudimentariamente antes de verterla al mar, conteniendo gran
cantidad de petróleo. En esta fase se produce una continua combustión de
derivados del petróleo, generando contaminación atmosférica, terminando
muchos agentes en el mar o en tierra mediante precipitación.» Con respecto al transporte, se afirma: «la producción de
petróleo es un trabajo intrínsecamente sucio, produciéndose los vertidos y
escapes de forma constante en los pozos. En esta fase de transporte se
producen importantes fugas que el Gobierno de Noruega cifró en 35.000
toneladas anuales en 1987.» En relación con el mantenimiento de las instalaciones es
necesario, para evitar la corrosión, «el uso masivo de agentes químicos
altamente contaminantes que acaban en el mar y sobre los que apenas existen
controles.» Como evidencian los expertos, no es necesario ningún tipo de
accidente para que se produzcan consecuencias negativas para el medio
ambiente de la zona; en el mismo proceso de extracción se realizan vertidos
inevitablemente. No es descabellado, por tanto, pensar en la posibilidad de
que esos hidrocarburos que se vierten y esos agentes químicos que se
utilizan, sean ingeridos por la fauna marina de la zona e incorporados a la
cadena trófica, cuyo último eslabón somos los seres humanos. Tampoco podemos
olvidar los incalculados efectos que pueden ocasionar en el proceso de
obtención de agua para el abastecimiento, que como sabemos, en Lanzarote se
realiza por desalación, existiendo tan solo reservas en caso de accidente
para no más de dos o tres días. Además, la propia REPSOL admite que en la
zona donde se realizan las prospecciones existen más de nueve especies de
mamíferos marinos, de los veintiséis que se han documentado en Canarias.
También señala que el área de las autorizaciones es el paso de las tortugas
marinas hacia el Caribe en su recorrido anual. Se ha documentado la
existencia de un interesante banco de merluza y sin lugar a dudas la técnica
de la captura de los túnidos en Canarias, con cebo vivo, se vería afectada
por la instalación de las plataformas al competir en el mismo espacio. Lanzarote en particular y Canarias en
general tienen, por suerte o por desgracia, una dependencia económica
prácticamente exclusiva del turismo, dándose además la coincidencia de que
precisamente los núcleos turísticos de Lanzarote y Fuerteventura están
situados en la costa Este de las mismas, justo enfrente de las zonas de
prospección. No parece que sean, desde luego, unas plataformas petrolíferas
el mejor reclamo turístico. A este respecto, la Federación Internacional de Tour operadores
ya ha manifestado su preocupación y malestar al Ministerio de Economía
español ante el temor de que se instale una industria petrolera en Canarias
(con lo que ello conlleva: plataformas, incremento del tráfico de petroleros,
limpieza de tanques en alta mar, vertidos, etc.), con el consiguiente
deterioro que produciría en el medioambiente que, afirman, «puede ser
considerado como único» y que es el principal reclamo para los visitantes. Hace unos meses almorzábamos cada día con los
devastadores efectos que tiene un accidente relacionado con la industria
petrolífera, concretamente con el transporte de crudo. Hemos visto los daños
que ha causado en Galicia tan solo parte de la carga de un petrolero.
¿Podríamos hacer el ejercicio de imaginar qué ocurriría en Lanzarote ante un
accidente de similares características? Los efectos sobre el turismo y la pesca
serían mortales. Miles de puestos de trabajo así como multitud de empresas
verían peligrar su existencia. Si sólo con la instalación de las plataformas
de extracción de petróleo, la imagen turística de la isla ya se vería
seriamente dañada, en el caso de un vertido de cierta relevancia, las
consecuencias serían funestas. El contexto político
y el engaño de las aguas Es necesario, llegados a este punto,
contextualizar la cuestión de las prospecciones petrolíferas en el nivel de
análisis político ya que, por desgracia, no existe unanimidad (ni mucho
menos) a la hora de rechazar las intenciones de REPSOL. Desde el Partido Popular se ha justificado
la concesión de los permisos de prospección para de esta forma delimitar la
mediana con Marruecos. Este argumento es la gran excusa que está siendo
esgrimida por aquellos que aprueban la instalación de las plataformas de REPSOL.
En este artículo ya se ha mencionado, concretamente en la exposición de las
ilegalidades que denuncia el recurso contencioso-administrativo presentado
por la anterior corporación del Cabildo de Lanzarote, la difícil situación
jurídico-internacional que envuelve a esas aguas. El argumento parece ser
claro: «para que el petróleo lo exploten los marroquíes, lo hacemos nosotros
y, de paso, definimos la mediana». Nos podrían hasta engañar con tal simpleza.
Lo que se debe intentar es que ni Marruecos ni España realicen trabajos de
extracción de crudo; si de beneficios económicos se trata, en el período de
veinte años de duración del proyecto de REPSOL, los de la industria turística
y pesquera serán mucho mayores que los de la industria petrolífera que,
además, pondrá en riesgo a las otras dos. Es evidente que con Marruecos es
necesario dialogar y utilizar las vías diplomáticas para evitar que instalen
en sus costas plataformas petrolíferas que amenazarían de igual modo nuestras
islas. Si la postura del PP es clara y hasta lógica
si tenemos en cuenta los intereses económicos a los que sirve, no
importándole la opinión de las doscientas mil almas que vivimos en la zona
afectada, la repugnancia se acrecienta al analizar las posturas de los llamados partidos nacionalistas:
Coalición Canaria y PIL.
Mapa que muestra la
localización de los 2 pozos que REPSOL pretende perforar a comienzos del
verano Las intenciones de Coalición Canaria son, a
pesar de su interesada ambigüedad, también bastante claras. En su momento no
se sumaron a la demanda iniciada por el Cabildo de Lanzarote afirmando que
esperarían a que se conociesen los resultados de las prospecciones para
realizar alguna acción. Como aves de rapiña, esperarán a saber si existe
(como si no lo supiesen ya) petróleo para actuar, no paralizando la
extracción del mismo, sino litigando con el gobierno estatal sobre la
competencia en los contratos de adjudicación a REPSOL, con la finalidad de
abalanzarse sobre el negro porcentaje de royalties que la empresa
tendría que tributar. La situación del Partido de Independientes
de Lanzarote, que lidera el actual pacto de gobierno en el Cabildo Insular
con los otros dos partidos políticos mencionados, es más que vergonzosa. La
delicada situación judicial de su líder, Dimas Martín, les ha obligado a
aceptar la voluntad del Partido Popular y Coalición Canaria con la esperanza
de que, en algún traspapeleo de documentos, le concediesen el indulto que
tanto anhelaba. Prostitución política y falta absoluta de dignidad definen
con precisión su postura. En el ámbito político lanzaroteño, tan sólo
dos organizaciones, el Partido Socialista Obrero Español y Alternativa
Ciudadana 25 de Mayo, han manifestado su absoluto rechazo contra el proyecto
de REPSOL; y, en el caso del Partido Socialista, sería difícil asegurar si en
todos sus estamentos (archipielágico, nacional y europeo) tienen la misma
convicción que muestran en Lanzarote. El tiempo nos puede despejar esta duda
si, en las próximas elecciones generales del 14 de marzo, se produce un
cambio en el gobierno estatal y el Partido Popular es relegado del poder. Conclusiones
¿A quién le interesa la existencia y explotación
de petróleo en nuestras costas? Es un hecho que a los ciudadanos de las islas
no, porque económicamente no vamos a beneficiarnos en ningún caso (los
propios técnicos de la compañía petrolera han afirmado que la cantidad de
mano de obra necesaria es mínima y altamente cualificada). A los empresarios
tampoco, pues al principal y casi único sector económico del archipiélago,
que es el turismo, en ningún caso le beneficia semejante explotación
petrolífera cercana a las costas, teniendo en cuenta los residuos tóxicos que
provoca la propia explotación y el incalculable riesgo de un accidente.
¿Algún técnico de REPSOL nos puede garantizar que podremos dormir tranquilos
con plataformas petrolíferas instaladas a lo largo de nuestras costas? Tras la constatación de los perjuicios que
esta actividad altamente contaminante y arriesgada puede tener, se hace
quizás necesario apostar por un impulso sin reparos ni cortapisas en el
desarrollo de otras fuentes de energía naturales y no contaminantes (que no
estén basadas en recursos fósiles, contaminantes y agotables como el
petróleo) como pueden ser la solar y la eólica que con nuestras
características insulares estamos muy capacitados para explotar. Manuel Riveiro |
