La multinacional petrolera REPSOL-YPF había ejecutado, hasta el momento en que su autorización fue anulada parcialmente por el Tribunal Supremo, las campañas de Sísmica 2D y Sísmica 3D, que consisten básicamente en obtener una radiografía del subsuelo marino mediante disparos de aire comprimido contra los fondos oceánicos desde el barco prospector. Las señales obtenidas eran recogidas por unos aparatos especializados llamados hidrófonos. En el momento de la sentencia judicial, REPSOL-YPF se encontraba estudiando los resultados conseguidos, que en diciembre de 2003, en rueda de prensa celebrada en su sede de Madrid valoró como relativamente bajos, a pesar de hacer público el descubrimiento de 14 «trampas» en las que se mostraban confiados se hallase petróleo y gas.

Este verano tenían planeado iniciar la perforación de los dos primeros pozos petrolíferos de prueba, uno situado en frente de Lanzarote y el otro cerca de Fuerteventura, como se puede apreciar en el mapa de arriba, que forma parte del informe que la petrolera hizo público en la citada rueda de prensa. Estos dos primeros sondeos extractivos son los que todo hace indicar que el gobierno de Zapatero va a permitir de manera inminente. Según declaraciones de REPSOL-YPF, tienen la intención de explotar la zona durante 20 años, con una producción diaria de 144.000 barriles de crudo y unos beneficios de 57.000 millones de euros.