Canarias lleva afrontando, desde hace años, un importante problema con respecto a la delimitación y ordenación de sus aguas. Su condición de archipiélago dependiente políticamente del estado español le restringe, por la legislación internacional vigente, la adopción de los derechos que poseen los estados archipielágicos.

En concreto, la delimitación de las aguas interiores y el mar territorial, definidas ambas figuras por la línea de base recta que une los puntos más salientes de las islas del archipiélago, (en la actualidad, el mar territorial de 12 millas se define isla a isla) y la Zona Económica Exclusiva de 200 millas.

Este hándicap impide que se ejerza el control adecuado sobre las aguas adyacentes al archipiélago, que albergan una rica biodiversidad y unos excepcionales recursos pesqueros. Al mismo tiempo, la realidad socioeconómica de las islas en los últimos cuarenta años se ha venido asentando sobre la modalidad turística de sol y playa, que requiere de un medio marino en óptimas condiciones.

Ya va siendo hora de que, en las instancias políticas competentes, se deje de vender humo sobre este tema y se adopten las medidas necesarias para su resolución.