En este proceso no se sabe qué es lo más grave: que Dimas Martín tenga secuestrada la presidencia del Cabildo Insular en Tahíche, con la irregularidad que eso supone, o que ninguno de los consejeros de Coalición Canaria y el Partido Popular tenga la mínima decencia política y sean cómplices silentes y sumisos del secuestro.

Si bien Lanzarote se ha acostumbrado a vivir, por lo menos en los últimos años, instalada en los escándalos de sus gestores públicos, algunos reincidentes, lo que hoy sucede debería sacudir la conciencia de una sociedad masoquista que se empeña en fustigarse elección tras elección, vilmente engañada por aquellos que han hecho de la política, de la honorable tarea de ‘gestionar la polis’, una partida de póker entre expertos tahúres.

Prácticamente ha coincidido en el tiempo el parecer de la Junta Electoral Central con el linchamiento, en el peruano pueblo de Ilave, de su alcalde, a manos de miles de personas que le acusaban de corrupción y nepotismo.

Desde luego que censuramos la atrocidad y la barbarie que significa poner fin a la vida de una persona, para lo que no existen razones de ningún tipo.

¿Pero no puede existir un término medio entre la pasividad de la desestructurada sociedad lanzaroteña y la vehemencia asesina de la peruana?

¿Algo así como empezar a desalojar de los pasillos del poder con nuestro voto a la plaga de insectos políticos que nos asola?