La incertidumbre con respecto al futuro de los Centros de Arte, Cultura y Turismo aparentemente se ha disipado con la presentación, el miércoles 12 de mayo, del Diagnóstico Externo encargado a Antonio González Viéitez, catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que rechaza el modelo de gestión impuesto por el grupo de gobierno del Cabildo (PIL, Coalición Canaria y Partido Popular) de la Sociedad Anónima y pone en evidencia la irregular y nefasta gestión de los últimos años, apostando porque los CACT’s adopten la fórmula de una Entidad Pública Empresarial Local, un nuevo modelo recogido en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, conocida popularmente como Ley de Grandes Ciudades.

El ‘Informe Viéitez’ es fruto, como el propio economista reconoce, de la intención de la sociedad lanzaroteña de regenerar la vida pública, que se ha hecho en este caso palpable brindando apoyo a la lucha encabezada por los trabajadores de los CACT’s para que estos continuasen siendo patrimonio público al cien por cien, y se enmarca dentro del acuerdo entre los trabajadores y el Cabildo alcanzado el pasado 23 de enero.

S.A versus

Entidad Pública Empresarial Local

Las diferencias entre la Sociedad Anónima promovida por el grupo de gobierno del Cabildo -que se encuentra en funcionamiento desde el 1 de enero del presente año- y la Entidad Pública Empresarial Local propuesta por González Viéitez son sustanciales. Entre ellas, y quizás la más importante, es que la Entidad Pública Empresarial «no podrá, en ningún caso ni bajo ningún concepto; ni hoy ni en el futuro, proceder a la transmisión total o parcial de sus acciones. Entre otras cosas porque no las tiene», quedando salvaguardada así la permanencia dentro del ámbito de lo público, erradicando la posibilidad de una privatización de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Privatización que, por el contrario, era posible con la Sociedad Anónima, al poder entrar al accionariado capital privado.

González Viéitez incide especialmente en su informe en la necesidad de que los CACT’s se rijan por unos criterios de profesionalidad empresarial que ha brillado por su ausencia en los últimos años. Para ello, exige «la creación de una gerencia profesionalizada, independiente en sus funciones y blindada de injerencias políticas en su quehacer diario».

La transparencia y la participación son las otras dos premisas fundamentales que deben guiar, para Viéitez, la nueva etapa que abre este dictamen. La primera es consecuencia de la tremenda «desconfianza enraizada en la sociedad isleña en relación con la gestión de los CACT», para lo que exige que las cuentas y resultados de los Centros sean no sólo públicas sino también publicitadas. La segunda, la participación en el máximo órgano de dirección de la Entidad Pública Empresarial del Comité de Empresa de los CACT’s, de la Fundación César Manrique, de todos los partidos políticos con representación en el Cabildo y de los ayuntamientos en cuyo territorio se encuentre alguno de los Centros, así como la creación de un Consejo Social de carácter consultivo en el que participen las organizaciones sociales y económicas de la Isla, es indispensable para que de manera democrática y colectiva se rediseñe y reconstruya el patrimonio social más importante que tiene Lanzarote.

González Viéitez no se olvida de la paulatina pérdida de calidad experimentada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo producida por la desidia de los últimos gobiernos insulares, que se han olvidado de programar una oferta artística, cultural y gastronómica de primer nivel, clave en los comienzos bajo la concepción manriqueña.

Por ello, considera fundamental recuperar la «calidad diferenciadora» que caracterizaba a los CACT’s y al turismo lanzaroteño en su etapa fundacional, para lo que es necesario huir de la masificación y la vulgarización que asola Lanzarote desde la década de los noventa, cuando la Isla comenzó a caminar «por el nada recomendable sendero de la homogeneización de sus servicios con los de cualquier otro destino turístico».

Los últimos responsables de los CACT’s los han llevado al caos organizativo y contable, hasta el punto de no existir datos a partir de 1999

El ‘Informe Viéitez’ es demoledor con la gestión que los responsables políticos han llevado a cabo en los últimos años en los CACT’s -en la última legislatura el PSOE, con Miguel Ángel Leal, y el PIL, con María José Docal, se repartieron la consejería-.

En el Anexo I, elaborado por la consultoría Murli & Asociados, se da cuenta de la pésima situación organizacional y financiera de los CACT’s. En el aspecto organizativo, se destaca la ausencia de «un plan global de funcionamiento de los centros», habiéndose acometido una «descentralización» en la dirección sin existir «un plan administrativo» que la sustente, lo que ha traído consigo una «total descoordinación», que llega hasta el punto de no existir ni siquiera un inventario físico del inmovilizado de cada centro. También se señala la falta «de un control tanto de los gastos como de los ingresos por centro» y que por parte del departamento de Intervención del Cabildo -encargado del control financiero de la Institución-, se han imputado gastos a los Centros que no les corresponden, así como que los restaurantes han acogido comidas institucionales que no se han pagado.

A pesar de las graves deficiencias en la gestión mencionadas hasta el momento, lo verdaderamente escandaloso es la ausencia de la relación de ingresos y gastos de los Centros Turísticos desde el año 2000 hasta el 2003, y que incluso cuando estos datos existen en años anteriores, «son poco fiables, ya que se imputan con carácter más de tipo político que económico».

En teoría, la ausencia de información contable en los CACT’s durante los 4 últimos años podría haber servido para que los partidos políticos que han gobernado en el Cabildo en esos momentos, hayan podido disponer libremente del dinero recaudado, sin saber exactamente a dónde se ha destinado.

A la sombra de duda que lógicamente se cierne sobre la gestión de los CACT’s en su última época por la ausencia de datos, se añade que la consultoría observa «un descenso sistemático y significativo entre el número de entradas vendidas y el número de turistas» y un «comportamiento errático entre las ventas de las tiendas y los ingresos por entradas».