El último paso dado por el ayuntamiento de Yaiza ha sido el de publicar, en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas del pasado 5 de mayo, la aprobación del Plan Parcial Playa Blanca, con lo que da la impresión de que el alcalde de Coalición Canaria, José Francisco Reyes, está tratando de dar ‘apariencia legal’ a la concesión, el 11 de diciembre de 2003, de la licencia para urbanizar más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable no sectorizado (en el que no se puede edificar con la normativa vigente) en la localidad de Playa Blanca.

A la ilegalidad que supondría el otorgamiento de una licencia urbanística para un Plan Parcial sin la clasificación adecuada, se añadiría una nueva: el mismo texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas recoge, en su artículo 14 que «para proceder a su urbanización será preceptivo la aprobación del presente Plan Parcial», lo que implicaría la nulidad de la licencia urbanística concedida en diciembre.

El presidente accidental del Cabildo,-y compañero de partido de Reyes-, Mario Pérez, conoce desde el mes de enero, por las denuncias de El Guincho-Ecologistas en Acción, el inicio de las obras con los primeros movimientos de tierras.

A pesar de que hace casi medio año que se inició este proceso, de que la opinión de los técnicos del Cabildo es clara con respecto a la ilegalidad de la licencia urbanística y a la categoría del suelo -como se lo han hecho saber al gobierno de Canarias en un informe sobre los planes parciales afectados por las Directrices-, y de que ya ha pasado más de un mes desde que solicitara al ayuntamiento sureño que «revisara» la licencia concedida, Mario Pérez sigue sin asumir la potestad que le confiere el artículo 184 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, relativo a la suspensión de licencias y paralización de obras, que estipula que el presidente del Cabildo puede sustituir la «inactividad» del alcalde y paralizar obras que supongan infracciones urbanísticas graves o muy graves.