EDITORIAL

Centros de Arte, Cultura y Turismo, INALSA y Deuda Extrapresupuestaria

En los pocos meses de vida de SIROCO, que se asomó a la actualidad informativa allá por el mes de febrero, varios han sido los escabrosos asuntos políticos que hemos tratado y que, en cualquier otro lugar del mundo, habrían supuesto, por lo menos, que alguien asumiese responsabilidades políticas o que la fiscalía actuase de oficio ante el aroma de putrefacción que emana de la deuda extrapresupuestaria del Cabildo de 8 millones y medio de euros en los años 2002 y 2003, de la sustanciosa deuda de la empresa pública INALSA y de la ausencia de contabilidad en los Centros de Arte, Cultura y Turismo desde el año 2000 [...]

La 'arcogida'

OPINIÓN

Comisaría-Informe

por Ramón Pérez Hernández

OPINIÓN

Comentario a unas fotos que me envió el Sr. Rumsfeld

por Alberto Sánchez

Mayo 2004. Número 6

(Segunda quincena)

OPINIÓN

La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictó sentencia (C7, miércoles 5 de mayo, página 29) anulando licencia de obras para construcción de un hotel otorgada por un Ayuntamiento majorero por falta del informe jurídico que exige el artículo 166.5.a) del Texto Refundido 1/2000 de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. Incluso, el secretario del Consistorio, ejercitando su deber, advirtió la ilegalidad del Expediente por la omisión del informe, salvando la responsabilidad que castiga el artículo 189.b.2) del precitado Texto Refundido. Por ello, el Alto Tribunal declaró que el procedimiento estuvo "viciado de nulidad radical". Lógico; las normas del procedimiento son imperativas y de obligado cumplimiento, pues el trámite del informe se constituye como preceptivo, o exigencia insoslayable del procedimiento de instrucción. Comparando el asunto majorero con el inesperado y asombroso desenlace de la negativa a la construcción de la Comisaría dictaminado por la Comisión de Gobierno de Arrecife el 24-03-04, surgen difíciles interrogantes, quizá ilegales, que los garantes municipales deben aclarar a la atónita opinión pública isleña.

El acto administrativo relevante frente a terceros es el acuerdo del órgano colegiado y no el informe que debiera servirle de base, de modo que es correcta la plasmación escrita del protagonismo del órgano colegiado en el acta; ahora bien, la denegación del acto reglado de concesión o denegación de licencia tiene que ser motivada, pues si no, es nulo de pleno derecho, por lo que es forzoso referir en el acta el informe, con parte expositiva y propuesta de resolución, que tenía que servirle de base en este acto reglado, y así cumpliría la Comisión de Gobierno con la obligación que para este tipo de actos le impone el artículo 89.5 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC ("La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación cuando se incorporen al texto de ésta"). Lo curioso del "asunto" es que, según testimonia la trascripción del acta, no se justifica que haya sido enjuiciado informe jurídico alguno concretado a ese preciso acuerdo negativo. Asimismo, hay que observar que el secretario actuante no advirtió de la supuesta falta del vital informe jurídico (ni del técnico) para, en su caso, salvar su presunta responsabilidad. Tampoco aclara el acta, en el caso de que se haya planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pudieran haber dudado los concejales, que el secretario Felipe Fernández Camero solicitara a la alcaldesa el uso de la palabra para asesorarlos, como le recomienda palmariamente el artículo 3.d) del Régimen Jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional (RD 1174/87); artículos 92.2 y 94.3 del ROF y 92 de la Ley 7/1985 de BRL y 162 y ss. del TRRL, aprobado por RD 781/86.

Ramón Pérez Hernández

e-siroco

Lanzarote, Islas Canarias

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