Durante el mes de mayo, el Estado de Israel ha ejercido una atroz campaña de terror sobre la ciudad de Rafah, situada al sur de la franja ocupada de Gaza, muy cerca de la frontera con Egipto. Aunque el balance de víctimas mortales y heridos varía según las fuentes consultadas, hay quien considera los ataques como el mayor despliegue militar en la zona desde la guerra de 1967.

Bajo la excusa de localizar los túneles que supuestamente sirven para la introducción de armamento en la franja de Gaza, Israel ha llevado a cabo una operación militar que se ha desarrollado en varios frentes. Por un lado, la destrucción de los edificios más cercanos al corredor de Filadelfia -300 metros desde la frontera con Egipto-, sin ningún tipo de consideración con los dueños de las viviendas, que han tenido que huir atropelladamente de las excavadoras, llevándose consigo las pocas pertenencias que les daba tiempo de recoger. Se calcula que más de 2000 palestinos han perdido sus hogares.

Pero si este ‘desalojo’ es censurable, lo que ha causado verdadera conmoción en la opinión pública mundial han sido los ataques indiscriminados sobre población civil, incluso sobre concentraciones pacíficas como el 19 de mayo, cuando un helicóptero Apache abrió fuego contra una manifestación que recorría las calles de Rafah en protesta por el derribo de viviendas y las operaciones militares de Israel, causando una auténtica masacre.

Israel actúa amparándose en la eterna pasividad de la Comunidad Internacional, incapaz de hacer algo más que insuficientes condenas públicas; en este caso, la reprobación se fraguó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos miembros aprobaron -con la abstención de Estados Unidos- la resolución 1544, en la que se «condena el asesinato de civiles palestinos que tuvo lugar en el área de Rafah», exhortando a Israel a «respetar sus obligaciones según el derecho humanitario internacional» y a «no emprender la demolición de casas contraria a esa ley». Sin embargo, este tipo de censura internacional no tiene mayor repercusión, al carecer de mecanismo alguno para imponer su contenido. De igual modo, la legitimidad moral de algunos de los promotores de la resolución también está en entredicho, como en el caso de Gran Bretaña, participante decisivo en la invasión y ocupación de Irak.

Pero dentro del propio Israel también hay voces discordantes con la política de ocupación de su gobierno. Prueba de ello fue la multitudinaria manifestación que congregó a más de 100.000 personas en Tel Aviv el pasado 15 de mayo para solicitar la retirada israelí de Gaza y la apertura de un proceso de diálogo con los palestinos, que demuestra que todavía hay un halo de esperanza para alcanzar la paz.