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OPINIÓN por Ramón Pérez Hernández
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Junio 2004. Número 8 (Segunda quincena)
ENTREVISTA a Andrés Barreto
Respuesta: Vamos a ver. Yo creo que se ha utilizado el sensacionalismo con respecto a lo que se dijo y a lo que salió en la entrevista. En un momento determinado de la entrevista, como anécdota, cuando se me pregunta sobre cómo se utilizaba parte de esa salida de dinero, a un comentario relacionado que ha habido reventa de entradas y, de hecho, un trabajador fue despedido por esa causa. Evidentemente el trabajador en ningún momento pudo decir el destino de ese dinero. Y bien, efectivamente cuando se saca de contexto eso y se dice que lo que ocurre es que en la actualidad hay reventas, eso es falso. Porque es cierto que en la actualidad está controlado ese tema de las entradas. Pero que en un momento determinado se utilizó la reventa de entradas para sacar dinero de ahí [los CACT’s], eso es cierto. Y vuelvo a insistir en que, desgraciadamente en su día, un trabajador fue despedido por esa causa.
P: Usted habla en pasado sobre la reventa, dice que ahora ya no se está llevando a cabo. ¿En qué periodo temporal podríamos circunscribir esas reventas, para ser un poco más concretos? R: Hablamos aproximadamente de entre 4 años, cuando ocurre ese caso concreto, hablamos sobre 4 años aproximadamente. Y al trabajador se le obligó a causar baja de la empresa por ese motivo.
P: Pero usted ha dicho que se utilizaba para obtener fondos para partidos políticos… R: Sí.
P: ¿Entonces cómo despiden esos partidos políticos que estaban gobernando a ese trabajador por hacer reventa? R: Cuando se descubre el tema porque luego esto se descubre, date cuenta que ha habido cambios políticos sistemáticos en los Centros Turísticos como consecuencia de todas las inestabilidades políticas que habían. Entonces, en un momento determinado se dan cuenta de que eso está ocurriendo, y lo que hacen es recaen la responsabilidad sobre el trabajador sin investigarse las causas que motivan esa situación. Y bueno, bien, los que lo despiden son precisamente los que se dan cuenta de ese tema, que sabían de antemano que ahí había una situación irregular, lo que vuelvo a insistir, el trabajador en ningún momento dijo los destinos de esa reventa.
P: ¿Sobre este tema de la reventa usted tiene constancia a través de testimonios verbales o hay documentación o pruebas fehacientes que demuestren ese hecho? R: Vamos a ver. Hay testimonios por cuanto, efectivamente, participó miembros del comité de empresa para que el trabajador tomase la determinación que tomó en su momento. Hay testimonios de miembros, insisto, del comité de empresa que participaron en ese proceso, instando al trabajador que causara baja por ese motivo.
P: Usted incluso llega a afirmar que faltan de la contabilidad de los últimos cuatro años, unos 3.000 millones de pesetas aproximadamente. R: Vamos a ver. Yo lo que afirmo es que los Centros Turísticos, y así se hace constar en el dictamen de Viéitez, no puede acceder a los datos del 2000 al 2003 porque no existe contabilidad. En una empresa de estas características, donde efectivamente no existe contabilidad y donde hay un desfase, porque así lo dice también el propio informe, entre los ingresos que existían antes como consecuencia de la entrada de turistas, por ejemplo antes con 1.200.000 turistas se ingresaba más que con 2.000.000 de turistas. Ese desfase implica de que, si efectivamente, cada turista que entra, cada persona que entra en los Centros tiene que pagar una entrada, al no corresponderse, ahí falta dinero. Así de sencillo.
Entonces, esa duda está planteada. Los cálculos, por encima, vienen a decir que efectivamente ha habido un desvío, de entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas. Si a eso le unimos lo que también dije en esa entrevista, que no está nada claro la entrada en los Centros de los trasatlánticos que vienen y que también acceden a los Centros y que no acceden a través del ticket, sino que acceden a través de la factura, pues efectivamente eso lleva a la conclusión, por lo menos yo llego a la conclusión de que ahí ha habido un desvío de dinero. Hay dinero que falta. Porque insisto, las cuentas son muy sencillas: cada entrada vale un dinero, un dinero por cada persona, equis personas tienen que dar un resultado.
P: Usted sospecha que se han producido hechos presuntamente delictivos como desvío de fondos y reventa de entradas… R: No sólo yo lo sospecho. Por ejemplo, cuando en el informe se habla de que ha habido desvío de dinero y no se sabe donde está, se está hablando de eso. Por eso precisamente en estos momentos estamos exigiendo que no estamos hablando de una ley de punto final. Estamos diciendo que sí que hay que sacar las empresas públicas y defenderlas con un nuevo estilo, erradicando por completo la corrupción de los Centros, pero al mismo tiempo decimos: “los responsables políticos, que tengan responsabilidad política y responsabilidad penal”. Así de sencillo. Y eso no hablamos solamente de los últimos cuatro años, hablamos como mínimo de los diez últimos años de gestión. Ha habido dos fuerzas políticas concretas que han estado gobernando los últimos diez años en el Cabildo de Lanzarote: PIL y PSOE. Si en estos momentos todos dicen estar por la transparencia, que se analice qué ha pasado en esa gestión de esos últimos diez años, y eso es lo que estamos pidiendo. Y, o se pone sobre la mesa, a través de auditoría, o bien las cuentas claras de los Centros, o efectivamente no nos va a quedar otro remedio que poner en manos de fiscalía esa situación. Porque estamos hablando de dinero público, y entendemos que eso no se debía admitir y evidentemente no se puede continuar admitiendo.
P: Esa posibilidad de acudir a los tribunales de justicia, es una posibilidad o es una declaración de intenciones. R: Nosotros lo que decimos es que en estos momentos estamos en un proceso de recopilación de información. Los datos nos empiezan a confirmar, ya digo, insisto, basado también en el propio informe de Viéitez, que ha habido un desvío de dinero. Y cuando se habla de desvío de dinero, dice incluso, a dudoso destino. Eso hay que clarificarlo. Entre otras razones porque las personas que han estado al frente de esas Instituciones que han desviado ese dinero, no pueden continuar más al frente de ninguna empresa pública. O se nos dice, con nombres y apellidos, quiénes han sido y qué han hecho, entre otras cosas para ponerlo en manos del ministerio fiscal, o cuando tengamos la documentación necesaria, y si no nos la dan la reclamaremos, y si no que sea la propia fiscalía quien la reclame; se va a la fiscalía. Eso está claro. Estamos hablando de un delito. Y cuando hemos dicho que nosotros no asumimos ninguna responsabilidad de lo que ha pasado en los Centros lo seguimos manteniendo. Quien ha cometido la infracción, que la pague, que la pague con todas las consecuencias. Yo creo que estamos en un proceso de clarificación de lo que ha pasado en la vida pública de Lanzarote, y es fundamental acabar con la corrupción.
P: Por lo que usted afirma del supuesto hecho delictivo que se ha cometido, por los datos que tiene de la reventa de entradas. ¿Quizás por el proceso propio de la estafa, la corrupción no se pueda circunscribir exclusivamente a los responsables políticos y parte de los trabajadores han tenido que colaborar activamente? R: Yo discrepo. De esa cuestión, discrepo. Entre otras razones porque, si a un trabajador le obligan a realizar una función, ese trabajador es sujeto obligado a hacer esa función. Está recibiendo directrices de un superior. Si esas directrices las hace correcta o incorrectamente, la responsabilidad es de quien le manda hacer. Él supuestamente no sabe cuál es el destino de eso. A él le han dicho que actúe de esa forma, y él actúa de esa forma. Cuando ha ocurrido. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de una situación actual, estamos hablando de una situación pasada. Y esa situación pasada, evidentemente… un trabajador que entra en puesto de trabajo y le obligan a realizar unas funciones, él se limita a hacer las funciones. Y se limita a hacer un acto, y a poner ese acto donde le digan que lo ponga.
P: El informe Viéitez ha supuesto un punto de inflexión en el conflicto de los Centros Turísticos y abre una expectativa de futuro de los mismos. ¿Tiene confianza en que ese informe sea respetado por ambas partes y suponga un cambio de rumbo? R: Creemos que sí, por lo que nos dicen. Estamos hablando de una situación de ahora. Parece ser, por lo que se nos dice, que efectivamente hay voluntad política para hacerlo. Sabe perfectamente que en estos momentos el grupo de gobierno puede ser tranquilamente un grupo de gobierno que esté de forma muy transitoria. Puede ser que dentro de un mes estemos hablando de un grupo de gobierno distinto. Precisamente por eso hemos planteado en la mesa de negociación que no sólo se tiene que vincular a ese documento las partes firmantes del documento inicial, sino que a ese documento se tiene que vincular también a la oposición del Cabildo. Con esa finalidad, hemos pedido hoy que en la comisión de seguimiento estén representadas todas las fuerzas políticas del Cabildo de Lanzarote, con la finalidad de que todos seamos copartícipes de ese proceso. Hay organizaciones que no han tenido responsabilidad política en el Cabildo hasta ahora, pero hay que asumir el proceso a partir de ahora desde la más absoluta de las transparencias.
Confianza, inicialmente sí, pero con esa duda permanente. Es cierto que a algunos nos cuesta creer que eso sea posible. Desgraciadamente porque conocemos sus prácticas políticas. Y con sus prácticas políticas hasta ahora lo que nos han demostrado es lo contrario. Si quiere yo le digo cuál es mi duda: mi duda es que hagamos un esfuerzo para que efectivamente los Centros funcionen como funcionen y, dentro de un año, una vez saneada la situación, vuelve a haber otra vez liquidez, dinero contante y sonante, y se vuelva otra vez a la caja única, y se vuelva otra vez al despilfarro y se vuelva otra vez al saqueo. Esa posibilidad la hay. Por eso, nosotros pensamos que quizás el informe de Viéitez no marca una especie de garantía si se generan de nuevo esas situaciones. Las empresas públicas funcionan como funcionan. Los trabajadores pueden controlar esas empresas públicas, pero las decisiones políticas se toman. La única alternativa que nos queda a los trabajadores, en el supuesto de que ocurriese de nuevo, es no esperar años como se ha esperado hasta ahora -también es verdad que no se tenía información, ahora tenemos más acceso a la información-, para parar lo más inmediatamente posible, como por ejemplo han hecho los compañeros de INALSA ante la fiscalía con el plan de exteriorización de pensiones. Yo creo que ahí si que tenemos totalmente beligerantes, no permitir una actuación, y cuando ocurra inmediatamente ponerlo en manos de la fiscalía.
P: A pesar de que del informe Viétez y de la voluntad aparente de trabajadores y Cabildo por acatarlo, desde algunos lugares se sigue escuchando que es conveniente que la restauración de los CACT se segregue de la recaudación de entradas. ¿Cree usted que detrás de esas opiniones se esconde el deseo de los empresarios turísticos de hincarle el diente a los restaurantes de los CACT? R: Está claro. No es la primera vez que lo intentan. La primera vez que se habló, y me tocó a mí también, de privatizar la restauración, fue en el año 79, gobernando la UCD y estando de consejero de los Centros Antonio, del hotel Miramar. Ahí ya se nos planteó, incluso se formalizó el primer intento de sociedad anónima para privatizar la restauración. Luego hubo una segunda, posterior, que es la que yo motivó a esta sociedad última que se ha puesto en funcionamiento. Los Centros turísticos son una bicoca económica. Es falso que la restauración sea deficitaria. Es deficitaria cuando no se le presta atención, cuando se le deja morir, como ha pasado por ejemplo con el Centro de Los Jameos del Agua, o cuando se le carga no sólo el salario y la seguridad social de los trabajadores directos, sino además de los trabajadores indirectos. Por ejemplo: en el Castillo hay trabajadores que son porteros del MIAC (Museo Internacional de Arte Contemporáneo) y se carga a la restauración. Igual pasa con jardineros, etc., cuando debería ser lo contrario. Yo estoy convencido que de forma conciente se ha estado provocando la caída de la restauración con la finalidad de privatizar, de ponerlo en manos de empresas privadas, que siempre como tú bien has dicho, han intentado hincarle el diente. Hay un dato significativo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el restaurante Lagomar funcione? Imagínate una cena en marco como Los Jameos. Lo que no puede ser es que en un Centro tan emblemático en estos momentos se estén vendiendo paquetes de papas, bocadillos y coca-cola. Para eso no está. Viéitez en ese aspecto también coincide. Ni se puede competir con lo que se tiene al lado, que es la restauración clásica y típica para el turismo, y hay que especializarse en unos Centros que funcionen, con productos netamente de aquí, pensando en ofrecer una comida relacionada con la isla, de gastronomía canaria. Las tiendas no tienen porqué estar vendiendo productos de Taiwan. Las tiendas tendrán que empezar a hablar con los artesanos de esta isla, para que puedan vender sus productos. Ese tipo de iniciativas es el que hay que empezar a abordar. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un grupo de gente que quiere que pase a manos privadas y, por otro lado, quieren tener libre de polvo y paja el dinero de las entradas.
P: Ustedes no transigirían con que esas especulaciones se llevasen a cabo. R: El fin por el que se hizo los Centros era de planteamiento único. Se daba la visita a los Centros, pero al mismo tiempo había aspectos culturales, había aspectos de gastronomía, etc. No se puede desmarcar eso. Otra cosa es buscar fórmulas para que no se degraden los Centros con la finalidad que lo están haciendo ahora. En ningún momento vamos a aceptar una segregación de la restauración con respecto a las entradas.
P: La situación de INALSA es crítica. Bajo su criterio, ¿cómo se llega a esa situación? R: En INALSA quizás en estos momentos faltaría también un diagnóstico, porque el diagnóstico que estamos teniendo, lo estamos teniendo de la propia empresa, que está poniendo números sobre la mesa. Posiblemente no se esté diciendo todo de lo que pasa ahí, y posiblemente lo que se pretende es parchear una situación. Desde mi punto de vista, lo primero que se tenía que haber hecho es lo mismo que se ha hecho con los CACT: un diagnóstico externo de la situación real. Es cierto que el comité de empresa de INALSA ha solicitado un informe económico fuera de la propia INALSA; y ese informe económico da unas claves de lo que no se debería seguir haciendo. ¿Cuál es el panorama? Ídem de ídem de los CACT. Lo que la población tiene que saber es que la gente que ha estado al frente de las Instituciones Públicas en estos quince años, han estado saqueando las Instituciones Públicas. Así de sencillo: han estado saqueando las Instituciones Públicas.
P: ¿Cogiendo dinero de las Instituciones Públicas? R: Han estado saqueando las empresas públicas, y hay dinero que se ha pagado. Por ejemplo, no se entiende que se priorice sobre obras que no son necesarias, que se paguen esas obras que no son necesarias, y no se pague la luz.
P: Es ese proceso de contratación de obras el instrumento… R: Yo estoy convencido que el instrumento precisamente es a través de las subcontratas. Eso está claro. Por ejemplo, no hay justificación si partimos de la base que hace unos años, en el 98 me parece, estoy hablando de memoria, el Cabildo nos plantea regularizar la situación de las subcontratas. Los trabajadores acceden a que en averías, donde había diez trabajadores de INALSA, esos trabajadores pasen a producción y se contrate unas subcontratas para realizar esos trabajos. Hablaban de mayor agilidad. Pusimos como condición que las subcontratas no podían superar los 70 millones de pesetas, que era igual al coste de los trabajadores que habían sido trasladados. Es sorprendente que, pese de ese documento escrito y firmado por Enrique Pérez Parrilla, al año siguiente, la subcontrata pasa de 70 millones a 250 millones de pesetas. Pero es que no solamente es eso, sino también el sistema que se tiene de trabajo: no hay control del trabajo que realiza la subcontrata.
P: Y las pérdidas en red aumentan… R: Efectivamente. Empezamos a comprobar que pese a que el Cabildo se gasta 40 millones de pesetas para hacer un estudio o un plan de viabilidad para las pérdidas en red, las pérdidas en red siguen siendo de un 30, 36 %, cosa que no puede sostener ningún tipo de empresa. Ha habido muchas más anécdotas de funcionamiento de esta empresa, pero esa como, desde mi punto de vista, como pieza clave. Por ejemplo la prefinanciación de INALSA IV de Playa Blanca, que era obligación del Cabildo, y ha tenido INALSA que pedir los préstamos y pagar ese préstamo cuando realmente es el Cabildo quien lo tiene que hacer. O sea, han ahogado a la empresa INALSA. Pero fundamentalmente lo que sí es cierto es que habido, de la misma forma que ha habido en los CACT, desvío del dinero de INALSA a otros fines que no fueran los fines propios de INALSA. Dentro de poco posiblemente se podrá tener muchos más datos sobre esto, porque cada vez se tiene más acceso a la información. Y esperamos y deseamos que las cosas se pongan sobre la mesa con esa finalidad.
P: ¿Es el plan de viabilidad de Mario Pérez una solución? R: Si no se va más allá, es un parche. Es cierto que hay que solventar situaciones. Por ejemplo los ayuntamientos y el Cabildo no pueden seguir gastando agua y no pagándola, y menos cuando la pagan al 50%. Es el principal moroso. Estamos hablando de que se deben 540 millones cuando se le ha condonado desde el año 96 para atrás ya 1000 millones de pesetas. Estamos hablando de verdaderas locuras, ninguna empresa resiste esa situación. Como tampoco ninguna empresa resiste una cantidad de horas extraordinarias que se realizan y que muchas de ellas no se sabe dónde se hacen, y eso es fundamental decirlo porque no estamos atacando a trabajadores concretos que realizan sus funciones. Ha habido una batalla interna en INALSA con respecto a pluses que se han venido pagando indiscriminadamente, beneficiando a unas personas en detrimento de otras a través de resoluciones de la consejera. También digo otra cosa: imposible que siga funcionando una empresa pública de estas características con la dirección que ha tenido al frente hasta este momento. Una gerencia que ha permitido esa actuación no puede seguir permaneciendo en la gerencia de esa empresa. Así de sencillo. Porque efectivamente ha sido tan o más responsable, o igual de responsable que los que han actuado en esa forma en la empresa.
P: Hay una posible medida que valora el plan de viabilidad de Mario Pérez que es cerrar Aguas Chafariz y dejar el agua de consumo en la isla de Lanzarote exclusivamente en manos privadas. R: La producción del agua en Lanzarote no puede estar en manos privadas. El agua es un bien escaso, un bien público, y por lo tanto no vamos a permitir que en ningún momento se ponga en manos privadas ni la producción ni la distribución del agua. Cuando INALSA plantea el tema de Chafariz tenía un objetivo concreto, que era poner un producto en la calle que, entre otras cosas, abaratara el coste del agua y pudiera competir, con esa finalidad de abaratar los precios. Ese papel lo jugaba muy bien Chafariz. Otra cosa es cómo se han hecho los contratos de distribución del agua. Esos son temas que tienen que hablarse. Nosotros decimos, Aguas Chafariz en estos momentos está sobredimensionada de trabajadores, entre otras cosas porque han metido trabajadores de contratas allí, que no son necesarios para una producción media en base a las ventas que se realizan. El comité de empresa está planteando propuestas con respecto a eso. Incluso ha propuesto una fórmula de distribución, que necesariamente no pasa por dárselo a una empresa privada.
P: Con un precio competitivo comparativamente con el resto de marcas de agua y con un mercado que va creciendo al crecer la población de Lanzarote y Fuerteventura, ¿cómo es posible que no se mantenga a flote esa empresa? R: Porque no ha habido una buena distribución, ese es el problema. La distribución está dada a una contrata y no ha realizado las funciones propias de una empresa de distribución. ¿Por qué no se pone en manos de los trabajadores que están haciendo ese trabajo, como autónomos? ¿Por qué no se le oferta a los propios trabajadores que están distribuyéndola? Porque el problema está en que la venta del agua, además de a las grandes empresas y a los grandes hipermercados, lo que hacen las demás empresas es la distribución de los barrios, puerta a puerta. Y eso funciona. INALSA, en un momento determinado estaba poniendo en la calle, si no me equivoco, en torno a 9.000 garrafas diarias, no sé si llegó a poner 12.000, pero 9.000 sí. Eso es un buen mercado. Con eso se cubren gastos. Con eso no tiene porqué haber pérdidas. Esa posibilidad no se tiene porqué descartar. Con una distribución bien hecha entre Lanzarote y Fuerteventura, y una producción media de 12.000 garrafas diarias, la empresa puede funcionar bastante bien. No vamos a permitir que después del desembolso económico que se ha hecho para constituir la fábrica, para poner las instalaciones, con naves, etc., ahora se le ponga en manos de una empresa que seguro, estoy convencido, a los 3 meses de empezar a funcionar la va hacer rentable. Porque todo el mundo sabemos que va a ser así. Por eso le decimos que no estemos inventado propuestas distintas a las que hemos venido discutiendo: que se haga una distribución correcta, que se busquen personas que estén dispuestas a hacer esa distribución, posiblemente los propios trabajadores la acepten y que se elabore un plan de viabilidad de la producción. Y ha sido el comité quien ha apostado por eso.
Lanzarote, Islas Canarias
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Pregunta:
Unas declaraciones suyas han causado un auténtico revuelo en los últimos días.
¿Cuándo tuvo usted conocimiento de los hechos que denuncia, la reventa de
entradas en los Centros de Arte, Cultura y Turismo?